lunes, 23 de febrero de 2009
domingo, 22 de febrero de 2009
La UE lanza un ultimátum a España por no mitigar el impacto de la T-4
La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España por no haber tomado las medidas prometidas para mitigar el impacto medioambiental de la ampliación del aeropuerto de Barajas y la construcción de la T-4 en el espacio protegido 'Cuencas de los ríos Jarama y Henares', que forma parte de la red Natura 2000.
El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en dos meses las autoridades españoles no corrigen los problemas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"La red europea de zonas protegidas Natura 2000 es crucial para la integridad medioambiental de nuestro continente, y esta integridad debe ser protegida en todos los lugares donde esté amenazada. Es necesario tomar medidas para compensar cualquier impacto sobre estas zonas", dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario explicó que la terminal T-4 de Barajas afecta a alrededor de 1.250 hectáreas de la zona protegida 'Cuencas de los ríos Jarama y Henares'. Las autoridades españolas se comprometieron a atenuar los efectos negativos de la ampliación del aeropuerto con medidas compensatorias, tal y como exige la legislación, en particular mediante la creación de nuevos hábitats que compensen el impacto sobre el espacio protegido.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha sabido que la aplicación de estas medidas apenas ha comenzado, pese a que Bruselas ya envió una primera advertencia escrita el pasado verano.
La zona protegida en cuestión alberga a 36 especies protegidas por la directiva sobre aves, otras 17 especies animales y 13 tipos de hábitats, dos de ellos prioritarios, protegidos por la norma sobre hábitats. Además, constituye un corredor ecológico único entre el norte y el sur de Madrid, según la Comisión.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar una última advertencia a las autoridades españolas para que aceleren la aplicación de las medidas correctoras.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/19/ciencia/1235043476.html
miércoles, 18 de febrero de 2009
Todavía se atreven a decir que el proyecto de campo de golf está aparcado
El juez admite a trámite una querella contra Pedro Castro por cohecho y prevaricaciónAdemás se le acusa de "prevaricación administrativa y falsedades documentales". El Gobierno local asegura que la decisión del juez no significa que se atribuya "una posible responsabilidad a nadie"EFE - Getafe - 17/02/2009 12:25 El juzgado de instrucción número 1 de Getafe ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Getafe (PSOE), Pedro Castro, por un "presunto delito de cohecho, prevaricación administrativa y falsedades documentales". La querella, presentada por un particular, hace referencia "a un presunto pelotazo urbanístico de 40 millones de euros, para unos propietarios, por la permuta de unos terrenos públicos para la construcción de un campo de golf en Perales del Río", ha dicho el portavoz adjunto del PP, José Luis Vicente. La querella presentada por un particular hace referencia "a un presunto pelotazo urbanístico de 40 millones de euros"El auto del juez, de fecha 21 de enero 2009, también va contra el actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, que entonces era concejal de Hacienda de Getafe; el ex concejal de Urbanismo Santos Vázquez y el concejal de la Vivienda y portavoz de IU de Getafe, Ignacio Sánchez Coy. "Operación especulativa"El Partido Popular de Getafe ha señalado que en el Pleno del 23 de diciembre de 2004 se aprobó una permuta "de 600.000 metros cuadrados de terreno protegido destinados al campo de golf, por 26.000 metros cuadrados edificables destinados a la construcción de vivienda libre". El portavoz adjunto del PP, José Luis Vicente, ha dicho que su grupo se opuso desde el principio a esta "operación especulativa" donde los intereses generales del Ayuntamiento "se verían perjudicados" y saldrían "beneficiados personas vinculadas al Partido Socialista". El grupo municipal del PP ha puesto en manos de sus abogados la querella y el auto para presentarse como acusación particular "en la causa abierta contra el alcalde de Getafe", ha añadido Vicente. El Gobierno local asegura que la decisión del juez no significa que se atribuya "una posible responsabilidad a nadie"El Gobierno municipal de Getafe (PSOE-IU) ha emitido un comunicado donde asegura que hasta la fecha la decisión del juzgado "es la pura admisión de la querella", en función "exclusivamente" de lo manifestado por quien la ha presentado, "sin haber oído a nadie ni haber examinado los documentos" solicitados. Querellante querelladoEl querellante es David Moreno, administrador único de la gestora PSG, que esta inmerso en otro proceso judicial por "presunta estafa" de las cooperativas que gestionaba, Getafe capital del Sur y Getafe cuna de la aviación. El juez ha tenido que admitir la querella, asegura el Gobierno local, "sin que eso signifique pronunciarse acerca de la imputación de ninguno de los querellados, es decir, sin atribuir una posible responsabilidad a nadie". Por lo tanto, añade, "jurídicamente es prematuro y se falta a la verdad si se pretende hablar de una imputación judicial, sencillamente porqué tal cosa no se ha producido". El ejecutivo municipal siempre ha negado cualquier "operación especulativa" en el barrio de Perales del Río y del proyecto de campo de golf ha señalado que "está aparcado". |
jueves, 12 de febrero de 2009
lunes, 9 de febrero de 2009
Recurso judicial por graveras ilegalesen el Parque del Sureste
NOTA DE PRENSA
Grupos ecologistas recurren ante los tribunales el abandono del Parque Regional del Sureste
Cinco años después de cumplirse el plazo para trasladarse continuan funcionando graveras en suelos donde está prohibida esta actividad.
Ecologistas en Acción, GRAMA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto y Jarama Vivo, han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inste a la Consejería de Medio Ambiente a retirar las graveras ilegales que se asientan en las zonas más sensibles del Parque Regional del Sureste. Estas asociaciones acusan a la administración ambiental de contribuir, con su inacción, al deterioro de este valioso espacio protegido.
Cuatro años llevan las asociaciones Ecologistas en Acción, GRAMA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto y Jarama Vivo, solicitando a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que cumpla con la Ley del Parque Regional del Sureste y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de este espacio protegido, y clausure o traslade las explotaciones mineras que se localizan en zonas incompatibles. Durante todo este tiempo la Consejería de Medio Ambiente ni siquiera ha contestado a los requerimientos ecologistas.
Ante esta situación, las asociaciones se han visto obligadas, una vez más, a recurrir ante los tribunales de justicia. La pasada semana, se presentó, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una demanda en la que se solicita al Tribunal que inste a la Consejería de Medio Ambiente a cumplir con la legislación ambiental y retire las explotaciones mineras que se localizan en zonas incompatibles, tal y como establece la legislación de este espacio protegido.
La normativa del Parque Regional del Sureste establece que desde febrero de 2004 debería haber cesado la actividad de las explotaciones de áridos (graveras y plantas de tratamiento) en las zonas más sensibles del Parque Regional del Sureste. Sin embargo, a día de hoy, siete instalaciones siguen funcionando a lo largo de las riberas del río Jarama en zonas donde estos usos están prohibidos. Se trata de las siguientes explotaciones: Peñalver en San Fernando de Henares (ocupa zona B de Reserva Natural), Tramsa en Arganda del Rey (zona B de Reserva Natural), Aripresa en Rivas-Vaciamadrid (Zona A de Reserva Integral), Maresa en San Martín de la Vega (zona B de Reserva Natural), Ampliación Aricusa (Zona B de Reserva Natural), Gravera del Jarama (Zona A de Reserva Integral) y Gravera de los Ángeles, las tres en Ciempozuelos (Zona B de Reserva Natural)*.
Al no cumplir con la obligación de clausura o traslado de estás actividades la Consejería de Medio Ambiente viene tolerando la actividad minera en las zonas más sensibles y de mayor valor natural del Parque Regional del Sureste. El resultado es la ocupación de las zonas inmediatas a los cauces, vertidos de lodos al río Jarama, destrucción del bosque de ribera y afección a la fauna y a parajes de alto valor ambiental, todo ello dentro de un espacio protegido.
El Parque Regional del Sureste se declaró en 1994 y alberga una de las mayores concentraciones de humedales de la Comunidad de Madrid. La riqueza ornitológica y la diversidad biológica que albergan sus ecosistemas fluviales, forestales y esteparios es menospreciada por la propia Consejería de Medio Ambiente.
Esta es sólo la primera de una serie de actuaciones legales que las organizaciones ecologistas que trabajan en el ámbito del Sureste prevén. A juicio de estas organizaciones resulta lamentable que haya que recurrir constantemente a la Justicia para que la Consejería de Medio Ambiente cumpla con su obligación de conservar los espacios protegidos y acabar con la permisividad de usos contrarios a la legislación ambiental.
Comarca del Parque del Sureste, 9 de febrero de 2009
Más información:
Raúl Urquiaga, 675 569 118,
Mª Ángeles Nieto 656 925 082
y Antonio Martínez 616 179 442
* Puede descargarse el informe completo
de las explotaciones denunciadas en el
siguiente enlace:
Mapa Explotaciones mineras en suelos incompatibles (PDF - 97.5 KB)
domingo, 8 de febrero de 2009
Aprobado un Plan de Uso y Gestión ilegal y fraudulento en el Parque del Sureste
Nota de prensa
El Consejo de Gobierno de
Lamentablemente las previsiones más pesimistas de los colectivos ecologistas que defienden el Parque del Sureste (ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo) se han cumplido con creces. El Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre ha dado luz verde a un reglamento que supondrá un golpe definitivo a la conservación de este valioso espacio natural madrileño, siendo un documento totalmente impresentable en lo que respecta a la regulación de actividades como la caza, la extracción de áridos, la agricultura y el uso público.
En lo que respecta a ésta actividad autoriza, no sólo la construcción de campos de golf, sino cualquier instalación deportiva dentro del Parque. Las presiones de algunos Ayuntamientos han dado sus frutos, como el presidido por Pedro Castro (Getafe), que tiene ahora la puerta abierta para la construcción de un campo de golf en las inmediaciones del Manzanares. Este punto resulta contrario con lo establecido en
El texto aprobado resulta prácticamente un insulto en lo que se refiere a la “protección del suelo y los recursos geológicos”. En este punto institucionaliza la utilización del Parque como la gran escombrera regional, cosa que ya estaba ocurriendo de forma fraudulenta. Pero lo más vergonzoso es que se permite para el relleno de huecos y restauración de graveras, todo tipo de tierras, incluidas aquellas que procedan de tuneladoras o que puedan contener sustancias contaminantes. Este hecho va a ocasionar daños irreversibles en los suelos del Parque y una alteración de las condiciones físico-químicas de los mismos. Sin duda, al Gobierno de Esperanza Aguirre le preocupa más ubicar los escombros de obras del urbanismo salvaje o del cierre de
Por lo que respecta a la caza queda supeditada a la aprobación de un Plan de Ordenación Cinegética (POC), cuyo borrador autorizaba la actividad cinegética en zona prohibidas. Por otro lado, en ningún artículo del PRUG se hace mención alguna a la prohibición expresa por
Tampoco el nuevo PRUG parece que vaya a suponer una regulación sostenible para la actividad de la minería de áridos, uno de los usos que más han degradado la zona, ya que, entre otros motivos, es incapaz de limitar la concentración abusiva de explotaciones en la zona sur (Ciempozuelos-Titulcia-San Martín de
En cuanto a la agricultura, una de las mayores causas de contaminación de aguas y suelos, hay una nula voluntad por controlar el empleo masivo de productos fitosanitarios. Para las asociaciones ecologistas se deberían elaborar una serie de plazos para reconvertir el sector hacia la agricultura ecológica, más acorde con los objetivos de conservación de un Parque Regional.
En general, el texto presentado no aporta nada nuevo a la normativa y planificación ya existente. Con demasiada frecuencia el PRUG es copia del PORN pero rebajando la casuística o el grado de restricción. Igualmente, aparecen apartados redactados de tal forma que reducen el grado de protección establecido por diferentes normativas. Más bien parece un texto redactado por el sector del urbanismo, de la construcción, de la caza y de la extracción de áridos que por técnicos con vocación de conservar un espacio natural.
Las organizaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo estudian llevar al Gobierno Regional a los Tribunales de Justicia, al Defensor del Pueblo y a
Comarca del Sureste, a 5 de febrero de 2005
Para más información:
Antonio Martínez 616 179 442, Raúl Urquiaga 675 569 118 y
Mª Ángeles Nieto 656 925 082
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