Tras conocer la intención del Gobierno regional de aprobar la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles que pretende autorizar la construcción de viviendas en suelo rural, diferentes sectores de la sociedad se han organizado para intentar frenar su aprobación. La nueva norma ha sido bautizada como “ley Virus” y el grupo que pretende frenar su implantación se ha autodenominado “Plataforma Antivirus”.
El pasado mes de marzo se filtró el anteproyecto de la la ley de Viviendas Rurales Sostenibles que pretende autorizar la construcción de viviendas en suelo rural sujeto o no a protección sectorial o por planeamiento. Ante la alarma social suscitada, la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, anunció modificaciones en el texto que lejos de aplacar los recelos, han generado mayor rechazo. Recientemente el Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial, José Trigueros Rodrigo, en una intervención en la Asamblea de Madrid, ha confirmado que en breve estará listo el nuevo texto del anteproyecto de ley.
Con o sin las matizaciones al texto de ley anunciadas por la Consejera de Medio Ambiente en rueda de prensa el pasado 26 de abril, el objeto de la ley es el mismo, permitir la penetración residencial en el suelo rural con todos los servicios e instalaciones que el uso urbano requiere (accesos rodados, abastecimiento de agua, luz, saneamiento, etc). Además esta norma tendría carácter especial y prevalecería sobre la normativa sectorial (Ley Forestal, leyes de espacios protegidos, ley del suelo, etc) y sobre el planeamiento urbanístico. Las nuevas viviendas se podrían aprobar con una simple licencia municipal, eludiendo el control de los órganos supramunicipales que gestionan el medioambiente, el patrimonio histórico, el control urbanístico, etc. Nadie valorará, por tanto, el impacto sobre el territorio, el paisaje, los habitats y la fauna, el patrimonio arqueológico, etc.
El efecto de esta ley y de las viviendas que ampara tiene amplias similitudes con la dinámica patológica de un virus. Penetra en el territorio burlando sus defensas, en este caso las leyes sectoriales, escapa a los controles establecidos (informes sectoriales), crece en el interior de zonas de alto valor ambiental, liberando toxinas (antropización y urbanización del medio) que lo van transformando y dañando de forma letal. Además la ley tiene carácter replicante al permitir que un sólo promotor pueda presentar proyectos para construir hasta en 10 parcelas. Finalmente, al igual que la célula infectada por un virus acaba muriendo, la parcela transformada acaba desapareciendo del espacio rural convirtiéndose en un enclavado urbano ajeno al entorno que le rodea.
Estas características unidas a las siglas del nombre de la ley han derivado en el apodo de VIRUS (VIviendas RUrales Sostenibles). Por su parte la Plataforma Antivirus, creada para intentar impedir la aprobación de esta ley y de sus efectos en el suelo rural está formada por colectivos muy variopintos, asociaciones ecologistas, colectivos vecinales, profesionales de diferentes sectores (arquitectos, geógrafos, etc), sindicatos, partidos políticos, etc. El objeto de esta plataforma es reclamar el valor del suelo rural y la calidad ambiental del territorio, difundir los efectos negativos de la ley, denunciar la falacia de su justificación, implicar a la sociedad en la defensa del patrimonio natural y cultural sobretodo frenar la aprobación de esta nueva norma cuyos efectos sobre el territorio serán nefastos.
